España toda a examen en Brasilia

COMUNICADO DE PRENSA
Sevilla, 29 de julio de 2010

La UNESCO evalúa las muchas amenazas que el patrimonio mundial sufre en nuestro país

Entidades ciudadanas de todo el Estado se coordinan para denunciar e intentar evitar el expolio de esos importantísimos bienes culturales

El pasado domingo comenzó en Brasilia la 34ª reunión del Comité de Patrimonio Mundial (UNESCO). Y allí España destaca como el país que más conflictos protagoniza en relación con los bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial, que se evalúan dicha reunión. Este hecho, más allá del resultado final de ese examen, ya es de por sí preocupante, por cuanto tal volumen de problemas demuestra que el Estado español no es ejemplo para la conservación y gestión adecuada del patrimonio.
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Se ha dicho que el problema de fondo es el modelo de crecimiento español, basado fundamentalmente (por lo menos hasta la crisis de 2008) en el sector inmobiliario y en la especulación territorial y urbanística. Esto ha conllevado, entre otras afecciones, la perdida de una gran parte de nuestros paisajes. Un tipo de bien que la Convención Europea del Paisaje define como “un componente esencial del entorno en el que viven las poblaciones, expresión de la diversidad de su común patrimonio cultural, ecológico, social y económico y, a la vez, fundamento de su identidad”. El paisaje, pues, no es un lujo para el disfrute de privilegiados sino un elemento fundamental para el bienestar individual y colectivo. Se trata de un recurso no renovable, frágil y sometido a cambios muy drásticos. La participación en la planificación y gestión del paisaje es un derecho y una responsabilidad de todos, no solamente de las autoridades. España ha ratificado el Convenio Europeo del Paisaje (26 de noviembre de 2007) y su entrada en vigor el 1 de marzo de 2008 supone asumir compromisos y cumplir objetivos en materia paisajística. Ni el Estado ni las comunidades autónomas han hecho nada hasta la fecha para proteger, gestionar y ordenar el paisaje, como determina el citado Convenio Europeo del Paisaje.

Se ha argumentado que España tiene una singularidad administrativa (la responsabilidad ante UNESCO es del Estado, pero las competencias en materia de patrimonio han sido transferidas a las Comunidades Autónomas) que entorpece la delimitación de responsabilidades sobre la gestión de los bienes Patrimonio Mundial; y se ha apuntado, también, que un crecimiento socio-económico rápido ha generado un gusto por las obras grandilocuentes, fuera de escala y de lugar y símbolos de una falsa modernidad. Todo ello con una grave afección sobre el patrimonio ( y no sólo sobre el Patrimonio Mundial).

Entrando en algunos de los casos objeto de polémica relacionados con la reunión de Brasilia hay que señalar:

- El caso de Sevilla, con la construcción ya iniciada de la Torre Cajasol, un rascacielos de 178 metros junto a su conjunto histórico y con graves repercusiones sobre el paisaje histórico de la ciudad, es ejemplo de proyecto megalómano, pretencioso y prepotente que se impone a los valores patrimoniales a pesar de que afecten gravemente a los bienes inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial y al paisaje de toda la ciudad y sus alrededores. Por lo que llaman la atención las recientes declaraciones de la Ministra de Cultura, afirmando que defenderá esta torre ante la UNESCO.

- La ampliación del puerto de Ibiza, sin una argumentación clara respecto a la necesidad de esta obra, está a punto de alterar uno de los ámbitos menos transformados desde los que apreciar el casco histórico de esta ciudad patrimonio mundial y que pone en grave peligro la consideración del elemento natural del bien catalogado, la pradera de posidonia más grande del mundo.

- En Barcelona, y a pesar de que se han planteado otras alternativas, el trazado del ferrocarril de alta velocidad pasaría al mismo lado de la cimentación del templo de la Sagrada Familia, poniendo en peligro esta obra universal y singular.

- La Ciudad Vieja de Salamanca, con hasta nueve apariciones en los últimos nueve años en las decisiones del Comité de Patrimonio Mundial, por diversos asuntos: pretensión por construir un aparcamiento subterráneo en la plaza de los Bandos, o un edificio sobre un huerto conventual en un entorno de siete bienes de interés; supresión del Plan Especial de Protección; no haber ampliado la zona protegida, haber realizado múltiples modificaciones puntuales al planeamiento... Es el claro ejemplo de cómo las autoridades españolas desatienden las contundentes decisiones del Comité, las recomendaciones de los informes de las misiones de expertos y las cartas y documentos internacionales que guían en la conservación del patrimonio.

- En Ávila, tras el mega-edificio construido en la plaza de Santa Teresa, se ha antepuesto al lienzo de la muralla un Palacio de Congresos, junto al que ahora se pretende construir un aparcamiento a los pies de la muralla; y todo ello sin un planeamiento urbanístico de protección claro y actualizado.

- Doñana, es también objeto de discusión en el Comité de Brasilia, pues se trata de un bien inscrito en la categoría de patrimonio natural que lleva muchos años soportando presiones muy potentes por parte de la industria, de la minería y del desarrollo turístico. El tráfico de petroleros y la ampliación de las instalaciones del refinado de petróleo en Huelva, junto a la construcción de un oleoducto que alcanzará Huelva desde Extremadura atravesando Sierra Morena, suponen el incremento de las tensiones sobre este espacio frágil y singular.


Otros casos no son objeto de discusión en el Comité de Brasilia, pero preocupan profundamente a los expertos en patrimonio. Así:

- Las amenazas que se ciernen sobre el Camino de Santiago evidencian un mal entendimiento territorial y paisajístico de este bien: autovías como la de Santiago-Lugo, que no respeta convenientemente el Camino Francés; la utilización de las viejas corredoiras del Camino Portugués como vías auxiliares para los obras del AVE (ayuntamiento de Barro); polígonos industriales, como es el de O Pino; alteraciones del trazado histórico del Camino; la construcción de un teleférico en el propio Santiago que partiría de la puerta del centro histórico por donde entra el camino; hasta la banalización con equipamientos como barbacoas al pie del Camino.

- En Segovia, la legislación urbanística no protege adecuadamente el patrimonio histórico de la ciudad y lo deja al albur de la especulación. La planificación se ve modificada en función de distintos intereses, sobre todo económicos, por el mecanismo de las modificaciones puntuales. Algunas de éstas ya han sido declaradas ilegales por los tribunales de justicia. El Ayuntamiento pretende además construir un nuevo aparcamiento subterráneo en el paseo de Isabel II, junto a la muralla de la ciudad, lo que debe someterse al conocimiento del Comité del Patrimonio Mundial.

- En León, al paso del Camino de Santiago, se produce la destrucción sistemática del caserío tradicional de la ciudad antigua y la pretendida instalación de “moscas esculturales”, firmadas por Eduardo Arroyo, sobre diversos bienes monumentales como la Puerta del Castillo, a pesar de la tajante prohibición legislativa.



Las asociaciones abajo firmantes, procedentes de los cuatro puntos cardinales del país, unen sus voces para recordarles a las distintas administraciones, con el gobierno central a la cabeza, que estar en la Lista del Patrimonio Mundial es una responsabilidad; es convertirse en un referente sobre cómo debe tutelarse y gestionarse el Patrimonio Mundial, y no en un mero reclamo turístico, tal y como es entendido por muchas autoridades españolas (sobre todo municipales y autonómicas). Queremos llamar la atención sobre el hecho de que el Estado Español no puede soslayar su responsabilidad ante UNESCO y la comunidad internacional. Aunque no se tengan las competencias directas, se tiene la responsabilidad última, pues el Estado es el máximo garante de la conservación de todo el patrimonio cultural y natural de España, por encima de las comunidades autónomas y ayuntamientos. Éstos se visten con la insignia del Patrimonio Mundial sin respetar, y a veces sin conocer siquiera los documentos y cartas que guían en la conservación de ese patrimonio.



Por último, también deseamos recordarle al Estado que debe informar sobre cualquier proyecto de ejecución o cambio legal de cierta envergadura al Centro de Patrimonio Mundial, tal y como señala el párrafo 172 de la Directrices para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. De haberse cumplimentado este trámite, estamos seguros de que muchos de los problemas que se discuten en Brasilia no habrían existido nunca. Y el trabajo ciudadano se podría estar dedicando a otros menesteres.

FIRMAN:

- Asociación Galega de Amigos del Camino de Santiago. AGACS

- Asociación “Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio” de Salamanca

- Asociación “Amigos del Patrimonio” de Segovia

- Asociación “Decumanum” de León

- Federación de Asociaciones por el Patrimonio de Castilla y León

- Grup d’Estudis de la Natura, GEN-GOB. Ibiza

- Institut d'Estudis Eivissencs

- Juan Pacheco Tirado, patrimonialista de Ibiza

- SOS Monuments. Barcelona, Red Iberoamericana para la Defensa del Patrimonio Cultural

- y la Plataforma Ciudadana Contra la Torre Cajasol ¡TÚMBALA!:

Arquitectura y Compromiso Social, Ecologistas en Acción, Asociación para la Defensa del Patrimonio Histórico-Artístico de Andalucía, Asociación de Profesores para la Difusión y Protección del Patrimonio Histórico "Ben Baso", Asociación Demetrio de los Ríos para la Defensa de Patrimonio, Foro Social de Sevilla, Universidad y Compromiso Social, Asociación Histórica Retiro Obrero, Asociación Andaluza de Antropología, Plataforma Ciudadana por los Parques y Jardines de Sevilla, Coordinadora de Asociaciones Independientes de Sevilla, Amigos de los jardines de la Oliva, Casa de la Paz, Asociación Casa del Pumarejo, Plataforma por la Casa de Pumarejo, Centro Vecinal Pumarejo, Comité Pro Parque Educativo Miraflores, Baetica Nostra, Asociación para la Defensa del Territorio del Aljarafe.

ciudadaniacontralatorrecajasol@gmail.com

http://ciudadaniacontralatorrepelli.blogspot.com/

Sevilla no necesita un rascacielos

CARMEN NAVARRO MEZQUITA, integrante de la Plataforma ¡Túmbala!

Erase una vez una bella ciudad, Isbiliya, cuyo sultán hacía cumplir con celo las estrictas normas urbanas y de convivencia a sus habitantes: para lograr este fin, la comunidad se había reunido tiempo ha y había decidido de común acuerdo sobre las leyes que habrían de regir los usos, la construcción y la ubicación de los distintos gremios de la ciudad. Los escribas pergreñaron un gran libro de normas y los cartógrafos dibujaron numerosos mapas para que lo escrito en el libro pudiera interpretarse con mayor comodidad.

Pero hete aquí que un mercader, llevado por la codicia, propuso al sultán la construcción de una torre que no cumplía los preceptos del gran libro. El sultán, que era muy vanidoso, aceptó de buen grado la propuesta del mercader, aduciendo que dicha torre traería prosperidad a Isbiliya (lo que no ocurriría finalmente), cosa más importante, según su opinión, que cumplir las leyes del gran libro. Al extenderse la noticia por toda la ciudad, algunos ciudadanos, muy disgustados por el proceder del sultán, acordaron reunirse y protestar públicamente.

Si alguien piensa que esta historia es un bonito cuento de las Mil y Una Noches, se equivoca.
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Pero prosigamos con nuestro relato ....

Aquel grupo de habitantes disgustados de Isbiliya, que ahora se llama Sevilla, acordó reunirse y de su malestar activo surgió en febrero de 2009 la Plataforma Ciudadana contra la Torre Cajasol ¡Túmbala!, con el objetivo de impedir la construcción de la gran torre.

La gran torre, diseñada por el arquitecto César Pelli e impulsada por la Caja de Ahorros Cajasol, constituye un proyecto costosísimo (se estima en más de 300 millones de euros), de dudosa utilidad (más oficinas en una ciudad donde ya sobran), polémico (arquitectura obsoleta –verticalidad-, oscurantismo en la redacción del proyecto), con grandes impactos de todo tipo (daños irreversibles al patrimonio y al paisaje urbanos, aumento del caos de tráfico, derroche energético, violación de servidumbres aeronáuticas, etc (véase el artículo publicado en la sección digital de Diagonal) y futuras consecuencias negativas para la ciudad. La primera de ellas está en el umbral de su aparición: la ubicación de la torre, a pocos metros del límite histórico de la ciudad, y su enorme altura supondrá una enorme presión visual a los tres monumentos Patrimonio de la Humanidad incluidos en 1987 dentro de la lista de la UNESCO. Debido a ello en la próxima reunión del comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, a celebrar a finales del presente mes de julio en Brasilia, Sevilla puede ser incluida en la lista de patrimonio mundial en peligro, al igual que sucedió en 2009 con la ciudad alemana de Dresde, incluida en la lista negra por la construcción de un puente sobre el río Elba.

Lo más preocupante no es el hecho en sí, ya que el proyecto de la Torre Cajasol (bautizada por el ingenio popular como Torre Cojosal o Torre Cacasol) no constituye un hecho aislado, ni de carácter exclusivamente patrimonial y paisajístico. Con la torre se sigue escribiendo un nuevo capítulo de una historia de agravios a la ciudad de Sevilla en los últimos diez años, ejemplos de un proceder político poco transparente, con escasa vocación participativa y de sentido público. Los más significativos, entre otros, han sido el proyecto de construcción del aparcamiento de la Alameda de Hércules (no llevado a cabo), el proyecto Metropol-Parasol (conocido como “Las Setas de la Encarnación”), el estadio olímpico, la biblioteca del Prado de San Sebastián (paralizada temporalmente por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía), la Casa-Palacio de la Plaza del Pumarejo (10 años de lucha vecinal), etc. Algunos se han constituido como auténticos mega-proyectos, surgidos de los delirios de grandeza de políticos que querían poner a Sevilla en el mapa mundial, como el estadio olímpico, levantado para unas olimpiadas que nunca tuvieron lugar (actualmente infrautilizado) y en los últimos años el proyecto Metropol-Parasol, verdadera pesadilla y agujero negro para las mermadas arcas municipales, cuyo final todavía no se atisba en el horizonte.

Nuestro relato continúa: frente a tanto agravio la ciudadanía de Isbiliya, de flaca memoria histórica, permanecía impávida e inactiva, pronta a dejarse engañar por otra vana promesa de desarrollo y puestos de trabajo efímeros.

Si además contamos con el marco de una crisis económica como la que estamos sufriendo, todo lo pasado debería de conducir al ayuntamiento (liderado por una coalición PSOE-Izquierda Unida) y a la ciudadanía en general a una reflexión profunda en torno a lo que significan las políticas de servicio público a la ciudad y la consecuente y coherente puesta en marcha de proyectos menos extravagantes (pensados exclusivamente “para mayor gloria de”) y al rechazo de proyectos-quimera como es el de la torre Cajasol. Sin embargo, y contra toda lógica el gobierno de izquierdas de la ciudad apoya firmemente el proyecto, adornándolo con un discurso fácil y engañoso (puestos de trabajo -mientras dure la obra, claro-, futuro desarrollo para la cuidad -sin explicar en qué consiste-, falsa modernidad vertical -concepto interpretable donde los haya-, bla, bla, bla), todo ello consentido además por la Administración autonómica de la Junta de Andalucía.

Pero volvamos al grupo de habitantes disgustados de Isbiliya y su plataforma ¡Túmbala!.

La plataforma, constituida por más de 20 asociaciones, está logrando activar un pequeño pero eficaz movimiento en contra, que cuenta con participación diversa de expertos, de activistas ciudadanos curtidos en muchas lides, jóvenes concienciados, veteranos sevillanos nunca alineados con las directrices del poder, algunos ciudadanos de ideología más conservadora e igualmente indignados con el proceder de Cajasol y el Ayuntamiento, etc. Esto constituye, sin duda, la fuerza de la movilización ciudadana, lo que ha permitido desde el último año y medio actuar desde varios frentes: legal (denuncias), a pié de calle (mesas informativas, concentraciones, actos simbólicos, flash-mobs), ruedas de prensa, entrevistas con responsables, artículos de opinión, etc. Existe numeroso material publicado en la web, por lo que se comentarán de pasada los hechos más significativos.

El frente legal abarca una serie de denuncias realizadas a principios de año con ocasión de la presentación del Libro Negro de la Torre Pelli, obra magna de más de 100 páginas que analiza diversos aspectos del proyecto de Torre (viola más de 50 artículos del Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla): la propia consulta de los documentos oficiales constituyó una proeza en sí, ya que hubo que acudir a la Justicia para acceder a la documentación oficial de Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla. También se han realizado otras denuncias, una de ellas, cursada ante el Ministerio de Cultura, se basa en la figura del expolio, de forma similar a la denuncia presentada por la plataforma cívica Salvem El Cabanyal, en Valencia. Esta plataforma cuenta con el apoyo activo de los concejales del PSOE frente a un ayuntamiento gobernado por el PP: nos podemos preguntar por qué en Sevilla no pasa lo mismo.

El frente de “la calle” ha abordado diversas acciones durante el último año y medio, como las que tuvieron lugar antes y durante la reunión en Sevilla del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, en junio de 2009. Durante dicha reunión se adoptó la decisión 33 COM 7.B123 por el que la UNESCO urgió a España al cese de cualquier trabajo de construcción del proyecto hasta que la valoración total del impacto fuera completada y revisada por ICOMOS (organismo que asesora a la UNESCO en cuestiones relativas al patrimonio).

Se han mantenido además numerosas entrevistas, contactos y ruedas de prensa. Una de las últimas entrevistas tuvo lugar en mayo de 2010 con responsables del Ministerio de Cultura, seguida de una rueda de prensa en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Se ha participado también en jornadas y en debates en torno al modelo de ciudad que queremos realmente, cómo concebimos la modernidad y qué entendemos por sostenibilidad.

De cara a la próxima reunión del comité de patrimonio mundial de la UNESCO, a celebrar en Brasilia está prevista una serie de acciones para seguir sensibilizando a la opinión pública. En este tiempo de prolegómenos y con la amenaza en ciernes, los medios de comunicación se han hecho mayor eco del asunto, lo que ha dado más visibilidad mediática al movimiento ciudadano. Al hilo de la polémica resulta sin embargo significativa frase de la Ministra de Igualdad, con ocasión de una entrevista de un conocido periodista de informativos: habiéndole comentado previamente el tema de la Torre y ante la petición de un titular, la ministra respondió con un suscinto “Patrimonio versus desarrollo”. Huelgan los comentarios.

Pero lo más preocupante es el total desprecio de las autoridades locales a las advertencias de la UNESCO: los trabajos de la obra han persistido durante este último año y continúan avanzando, incluso cuando se ha producido una nueva visita de ICOMOS a Sevilla, y estando amenaza de la inclusión más próxima cada día. Sirva como precedente y aviso a navegantes que Sevilla ya ha sido incluida en otoño de 2009 dentro de la lista de sitios en peligro de la organización internacional World Monuments Fund, con sede en Nueva York, y cuyo respresentante en España también visitó la ciudad y las obras el pasado mes de junio.

El último capítulo de la historia de Isbiliya y el sultán está próximo a escribirse. Esperemos que, pese a todo, el cuento termine con un buen final y una instructiva moraleja.

Nota: una versión de este artículo ha sido publicado en el períódico Diagonal

Nueva campaña de recogida de firmas previa a la reunión de Brasilia

De nuevo ¡Túmbala! sale a la calle para convencer a la ciudadanía de que firme contra la Torre Cajasol. Lo hemos hecho el pasado martes 6 de julio y volveremos a convocarnos los martes 13 y 20 de julio, a las 19:30, en la Plaza Nueva.

También alertaremos que Sevilla se la juega en Brasilia, donde se reune el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, del 25 julio al 3 de agosto para decidir, entre otras cosas, si incluye a Sevilla en la “lista negra” del Patrimonio Mundial en Peligro.

Por qué Torrecajasol incumple el Plan General

JOSE GARCÍA-TAPIAL Y LEÓN y FERNANDO MENDOZA CASTELLS, arquitectos

La reciente visita a nuestra ciudad de los responsables nacionales de ICOMOS y WMF ha vuelto a traer a la actualidad las distintas irregularidades patrimoniales, procedimentales y urbanísticas que han confluido a lo largo de todo el proceso de gestación, tramitación administrativa y construcción de tan polémico edificio. Vamos a tratar de sintetizar las específicamente urbanísticas de la forma más inteligible posible. De su conocimiento se desprende que se está produciendo un incumplimiento generalizado de los más significativos parámetros urbanísticos del Plan General (edificabilidad, usos, tipologías, alturas, equipamientos, zonas verdes, etc).Leer Más

Esta desnaturalización del PGOU está siendo posible mediante dos documentos urbanísticos tramitados en distintas fechas: en primer lugar, el Plan Especial PERI-DT.10.Puerto Triana, redactado por la propia Gerencia de Urbanismo y, posteriormente, las sucesivas licencias de obras concedidas a distintas fases de la edificación.

Los datos que a continuación se relacionan se han obtenido del estudio de los correspondientes expedientes administrativos de los documentos citados. No ha sido fácil el acceso a los mismos, viéndonos obligados a requerir el amparo de la jurisdicción contencioso-administrativa para que se nos facilitase. Veamos ahora uno por uno esos parámetros.

1.- La Edificabilidad. Es el más importante desde el punto de vista exclusivamente lucrativo. Es el que establece lo que se puede construir y, por tanto, comercializar. El Plan General fija una edificabilidad de 68.000 m2 para usos lucrativos. Las licencias concedidas permiten la construcción de 89.791,02 m2. Describir las “ingenierías” empleadas para esta “multiplicación de los metros cuadrados”, consumiría por sí solo todo el espacio de este artículo.

2.-Los Usos. El PGOU preveía para esta zona un uso básica y mayoritariamente comercial: 48.000 m2 habrían de ser de uso comercial y, un máximo de 20.000 m2 para otros usos(recreativos, hoteles, oficinas, etc). La licencia concedida permite sólo 9.310,33 m2 de uso comercial y, en cambio, 80.480,69 m2 de oficinas.

3.- La Altura. El Plan General establece que, de no figurar la altura en planos, como es este caso, “se armonice a la morfología y tipologías del entorno”. En la Cartuja es de 6 plantas, y en Triana de 3. Se ha proyectado un edificio de 38 plantas.

4.- La Tipología. Todas las construcciones previstas por el PGOU han de pertenecer a algunas de las Tipologías definidas en él (manzana cerrada, edificación abierta, ciudad jardín, etc) y para las que se establecen unas Condiciones Particulares. La tipología “Torre” no existe en el Plan General, ni, por tanto existen Condiciones Particulares para ella. Es, por ello, un tipo de edificación ajeno al PGOU y contrario a él.

5.- Las Zonas Verdes.- El Plan General exige en esta zona una dotación de 84.064 m2 de Zonas Verdes. El PERI municipal, por el contrario, solamente reserva 66.098 m2. Para disimular esta reducción tan significativa contabiliza (¿?) los 17.996 m2 del Pabellón de la Navegación como Zona Verde.(¡!!!!)

6.- Los Equipamientos. El PGOU fija la dotación local de SIPS (Servicios de Interés Público y Social) en 12.592 m2. El PERI lo reduce a 10.684 m2. Esta reducción y la de las zonas verdes tienen como objetivo aumentar la superficie de la parcela lucrativa, donde se ubica la torre.

7.- El Carácter de los Equipamientos. El Plan General los establece como “Dotaciones Locales”, mientras que el PERI los define como “Sistema General”. La diferencia entre una y otra consideración es grande en lo económico: las “Dotaciones Locales” han de ser sufragadas íntegramente por el promotor, mientras que los “Sistemas Generales” lo han de ser por la totalidad de los intervinientes en el ámbito de todo el Plan General. Esta última irregularidad, junto a las dos anteriores, ya fueron advertidas y denunciadas por la Arquitecta de la Delegación en Sevilla de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, en su informe de 19 de marzo de 2007. Informe no tenido en cuenta por el Ayuntamiento.

Se podrían argumentar otros muchos incumplimientos del PGOU y de la legislación urbanística y administrativa, detectados y desarrollados en la demanda contra la concesión de las licencias que actualmente se sustancia ante la jurisdicción contencioso administrativa, pero sirvan estos datos para el mejor conocimiento público.